By Apagones
Sin suficiente energía, y particularmente sin suficiente energía eléctrica hoy, es imposible cimentar un futuro de crecimiento, desarrollo y reducción de la desigualdad, para cualquier nación del mundo.
Por eso es grave, peligrosa y alarmante incluso, la suspensión del suministro de electricidad (apagones programados) anunciada y realizada en diferentes regiones del país el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de mayo pasados.
También por eso es indispensable repasar lo que ocurre en el subsector eléctrico de México, como consecuencia de la batalla ideológica impulsada por uno de los principales exponentes de la más vieja política, la del autoritarismo y el pasado estatista: Manuel Bartlett Díaz.
Aunque la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica no se han modificado, porque el régimen no tuvo los votos para hacer lo primero y el Poder Judicial descarriló una reforma legal que violaba principios constitucionales, desde una Comisión Reguladora de Energía capturada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los criterios para privilegiar la compra de energía por parte de la propia CFE cambiaron de forma radical. Los generadores privados, empresas que producen energía más barata y más limpia que la producida en las plantas generadoras de la CFE, han sido relegados hasta el final de la lista de proveedores, para privilegiar la compra de energía generada por la propia CFE desde sus plantas, obsoletas, poco eficientes y además contaminantes.
La justificación para gastar en electricidad que, legalmente se puede comprar más barata en el mercado, es solo una, simple y al mismo tiempo incomprensible: soberanía energética.
La decisión política, e ideológica, significa que aunque las plantas de la CFE generen electricidad sucia (que contamina el ambiente porque produce gases efecto invernadero y apuntala el calentamiento global) y cara porque su costo de producción es más elevado que el de las plantas privadas (lo que implica un sobre precio para el usuario que paga electricidad más costosa en su recibo, o un quebranto para las finanzas nacionales si el sobre costo se convierte en pérdidas y subsidios para la empresa estatal, que se acaban cubriendo con recursos fiscales), la propia CFE privilegia comprar su energía, sucia y cara, por encima de la generada en plantas privadas, para mantener bajo el control de la paraestatal, y por consiguiente del Estado, el abasto de electricidad en el país.
Los españoles de Iberdrola entendieron bien por dónde se movería la nueva política energética y en una jugada digna de una segunda llegada de Hernán Cortés, le vendieron sus plantas más viejas al gobierno mexicano para esperar, capitalizados, tiempos mejores.
Lo que la teoría de la preservación de la soberanía energética no explica es, dónde queda esa soberanía cuando, con todo y los millonarios subsidios que recibe y el monopolio que se le permite ejercer, la empresa estatal es incapaz de generar, y distribuir a lo largo de todo el territorio nacional, la energía suficiente para garantizar el desarrollo de las actividades normales, productivas, de gobierno y hasta recreativas, de la sociedad mexicana.
Es indispensable aclarar dónde queda y de que sirve la soberanía energética si la ineficiencia, la falta de tecnología, la corrupción operativa y administrativa, provocan que a pesar de multimillonarios subsidios, CFE es incapaz de generar y distribuir la energía que el país necesita para funcionar, para garantizar la operatividad de sus fabricas y oficinas, para asegurar la permanencia de trabajos en México y con eso, el sustento de millones de familias.
Si México tiene que recurrir a los apagones programados, como ya ocurrió durante el gobierno de un presidente populista y manirroto: José López Portillo, y como ha empezado a ocurrir de nuevo gracias a la visión que Bartlett le “vendió” al presidente López Obrador, no habrá condiciones para aprovechar la oportunidad de crecimiento importante y constante que representa la relocalización de empresas (nearshoring).
Tesla no instalará en Nuevo León ni en ninguna otra parte de México, si el país sufre apagones programados. Lo mismo MG y cualquier otra empresa grande que haya considerado colocar sus fierros en territorio mexicano para aprovechar las ventajas que ofrece el país, gracias a su neoliberal tratado comercial, como plataforma para introducir productos al mercado de los Estados Unidos, con el sello hecho en México.
La ausencia de inversiones importantes significará empleos potenciales que no llegarán, tasas de crecimiento insuficientes, impuestos que no se generarán, finanzas públicas cada vez más débiles y, con ellas, programas sociales en riesgo de desaparecer o ser suspendidos por insuficiencia presupuestal.
Si ocurre, todo eso impactará la calidad de vida de las y los mexicanos. Tanto de los que ya son adultos, como de los estudiantes que están terminando su preparación para ingresar al mercado laboral. Todo será consecuencia, si no se corrige la política energética, de una visión de soberanía que no garantiza autodeterminación de un país, sino control absoluto de una pequeña elite gobernante y eso sí, pobreza creciente para sus ciudadanas y ciudadanos.
La soberanía, energética o política, no pone alimentos sobre las mesas de las familias mexicanas y, como concepto exacerbado, sí es capaz de destruir proyectos productivos que generarían empleos, impuestos y crecimiento económico.
